Una parte significativa de la superficie del sistema nacional de áreas protegidas que comprende ecosistemas terrestres, de agua dulce y marino-costeros de alta importancia para la conservación global se sobrepone con las tierras, territorios y recursos naturales donde viven y ejercen sus formas de vida los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras (PIAH). Esta coincidencia territorial evidencia el aporte histórico y continuo que estos pueblos han realizado a la conservación de la biodiversidad en el país, mediante prácticas de manejo basadas en el respeto, el equilibrio y la reciprocidad con la Madre Tierra.
No obstante, pese a sus significativas contribuciones, los PIAH continúan enfrentando vulneraciones a sus derechos humanos, reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en la legislación nacional. Con frecuencia, son considerados únicamente como partes interesadas y no como titulares de derechos en las áreas protegidas (AP). Además, no han sido tomados en cuenta para participar en la toma de decisiones relacionadas con el manejo, la gestión y la gobernanza de estas áreas. Asimismo, han enfrentado desafíos históricos vinculados con el reconocimiento de la tenencia de la tierra, sus derechos territoriales y la autodeterminación, entre otros.
En respuesta, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) aprobó la Estrategia Nacional de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 2026–2035, elaborada en alianza con organizaciones representativas de los PIAH y con la asistencia técnica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), mediante procesos participativos desarrollados a través de consultas, diálogos y talleres financiados por el Gobierno de Canadá a través del proyecto Conservación de la Biodiversidad Costera Marina basada en la Comunidad en Honduras. Su aprobación constituye el resultado de una lucha histórica y de la voz persistente de estos pueblos, y representa un avance significativo en la integración del enfoque de derechos en la conservación la biodiversidad y los recursos naturales del país.
El objetivo central de la Estrategia es garantizar el respeto y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la creación, manejo, gestión y gobernanza de áreas protegidas y conservadas incluidos ecosistemas terrestres, de agua dulce y marino-costeros, así como en iniciativas de uso sostenible y restauración de ecosistemas naturales y paisajes productivos.
Su implementación abre espacios concretos para asegurar procesos de consulta orientados a alcanzar el Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI), así como la participación plena y efectiva de los PIAH en la toma de decisiones sobre el manejo, gestión y gobernanza de las AP. Promueve además el fortalecimiento de modelos propios de gobernanza y de sistemas tradicionales que han demostrado eficacia en la protección de la biodiversidad; refuerza la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales; reconoce la importancia de la propiedad colectiva sobre tierras, territorios y recursos naturales; y, el derecho a la autodeterminación, especialmente en lo relativo de decidir libremente sus prioridades de conservación y desarrollo territorial inclusivo, sostenible y con pertinencia cultural.
Para las organizaciones representativas de los PIAH, este avance significa un reconocimiento más claro de su rol como titulares de derechos en la gestión de los recursos naturales y de su aporte en la conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad. «En esta estrategia están perfiladas todas las acciones que se puedan desarrollar desde nuestra perspectiva, considerando y reconociendo nuestros derechos y permitiendo que podamos participar como sujetos de acción y no como objetos», señaló Gregoria Jiménez, lideresa del pueblo Garífuna y presidenta de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO).
La Estrategia también contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño en materia de derechos humanos y metas ambientales globales, entre ellos el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su meta 30×30, el Acuerdo de París en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como el Acuerdo de Escazú, entre otros acuerdos ambientales multilaterales.
